En notas anteriores (1) hicimos referencia a la Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF-GE) del Colegio de las Américas (COLAM) de la Organización Universitaria Interamericana OUI).
En esta nota presentamos una sinopsis de los resultados de las indagaciones realizadas por la coordinación académica de la RIF-GE acerca de las necesidades de formación en Gobierno Electrónico en países de América Latina.
1.- Alcance de las necesidades de formación en e-Gobierno
Hasta hace unos pocos años, se percibía que las prioridades de formación en e-Gobierno se concentraban primordialmente en los niveles políticos, directivos y técnicos de la rama ejecutiva del gobierno federal o central de cada país.
Hoy se percibe que las referidas necesidades de formación han experimentado un notorio crecimiento, al expandirse sustancialmente los requerimientos:
a) Dentro del Estado: a los diversos niveles -políticos, directivos, jefaturas, agentes de base- de las estructuras administrativas, técnicas y profesionales de los distintos poderes del Estado (legislativo, ejecutivo, judicial) en las diversas jurisdicciones territoriales (central, estadual-provincial, municipal), así como a quienes les compete proponer, gestionar y negociar –en ámbitos nacionales e internacionales- crecientes cuestiones vinculadas con las TIC, el e-Gobierno y la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
b) Dentro de la Sociedad: a los dirigentes, profesionales y voluntarios de instituciones ciudadanas (ONG, entidades de bien público, partidos políticos) y educativas (de nivel medio, superior y universitario), organizaciones sociales (sindicatos, mutuales, cooperativas), al personal de los cybers, locutorios y telecentros, a las empresas proveedoras de TIC (particularmente las PyME innovadoras), a las empresas y las cámaras empresarias, así como a organizaciones de interfaz con diversos grupos que requieren prioritariamente prestaciones de e-Gobierno (adolescentes en riesgo, mujeres vulnerables, discapacitados, tercera edad, indígenas, poblaciones aisladas). Todas ellas necesitan conocer la naturaleza de las prestaciones de e-Gobierno, los beneficios que ofrecen, las condiciones para concretarlos, el espectro de aplicaciones y las posibilidades disponibles en los respectivos ámbitos de actuación.
Si bien las referidas necesidades de formación en e-Gobierno podrían no resultar aún manifiestas para algunos de los sujetos señalados (por ejemplo: dirigentes, profesionales y voluntarios de instituciones comunitarias, partidos políticos, sindicatos, mutuales y cooperativas), cabe prever que la misma evolución de las prestaciones de e-Gobierno –en el corto y mediano plazo- contribuirá a tornarlas manifiestas y prioritarias para calificar sustancialmente la injerencia y el potencial de incidencia en cuestiones publicas. Cabe señalar que la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico (CLAD, 2007), que fue aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en Pucón (Chile) el 1°/06/2007, expresa que el e-Gobierno será un instrumento efectivo al servicio de la ciudadanía si se logra que ésta esté informada sobre los servicios electrónicos a disposición, pero sobre todo, si se logra transformar la cultura social en cuanto al e-Gobierno con un proceso de formación ciudadana que estimule el acceso, participación y utilización del mismo. En su cláusula 29 señala que los Estados deben promover y planificar la formación de los ciudadanos a este respecto y la pieza fundamental es la educación de las nuevas generaciones desde la más temprana edad. Expresa que un elemento fundamental de ese proceso de preparación de la ciudadanía es la transformación de la cultura social en cuanto al Gobierno Electrónico con un proceso de formación ciudadana e infoalfabetización que estimule el acceso, participación y utilización del mismo.
En el marco de los referidos requerimientos formativos, en esta nota presentamos sinópticamente algunos resultados de las indagaciones realizadas acerca de las necesidades de formación en Gobierno Electrónico de los niveles directivos y departamentales de las administraciones públicas.
2.- La indagación de necesidades de formación
En esta sección se reseñan algunos resultados de la indagación de necesidades de formación en e-Gobierno, entendiendo como tales a las insuficiencias o carencias de actitudes, conocimientos y habilidades que –de acuerdo con expertos- exhiben los integrantes de una población de referencia para desempeñar funciones o realizar labores que les competen, suponiendo que dichas limitaciones pueden superarse a través de procesos de formación.
Los resultados aquí expuestos se refieren a las necesidades de formación de los niveles directivos y departamentales de dependencias de las administraciones nacional, estadal y municipal. Dichos resultados provienen de entrevistas realizadas entre noviembre de 2006 y abril de 2007, así como de una encuesta tomada entre febrero y abril de 2007. A continuación se enunciarán brevemente los resultados más destacados de la encuesta y se tratarán con mayor detalle los resultados de las entrevistas, dado que éstos últimos aportaron una visión panorámica de los marcos de referencia con que los distintos actores perciben las necesidades de formación en e-Gobierno.
2.1.- Resultados de la encuesta
La encuesta tuvo el propósito de determinar qué tipo de contenidos formativos en e-Gobierno se consideran prioritarios para la población de referencia, compuesta por quienes se desempeñan como directores y jefes de departamento en administraciones públicas nacionales, estadales o provinciales y municipales de América Latina. En la consigna se señaló que sólo fueran considerados los funcionarios de carrera y no los ocupantes de cargos “políticos”.
La encuesta fue tomada a una cohorte de integrantes de la población de referencia, así como a algunos asesores, que realizan actividades vinculadas al e-Gobierno, siendo la mayor parte egresados del curso de Gobierno Electrónico de la SEDI-OEA.
Las categorías de contenidos formativos propuestas fueron las siguientes:
a. Introducción al e-Gobierno
b. Gestión del cambio administrativo organizacional con e-Gobierno
c. Gestión e interfaz de información y servicios
d. Aplicaciones de e-Gobierno
e. Normativa vinculada al e-Gobierno
f. Administración de Proyectos de e-Gobierno (planeamiento, programación, implementación, monitoreo y control)
g. Evaluación de Proyectos de e-Gobierno
h. Formación de Postgrado (Diplomados, Maestrías y Doctorados)
El cuestionario fue validado a través de pruebas previas al uso en campo. Tras dicha validación, fue remitido por correo electrónico a una muestra de trescientos veinte (320) funcionarios, habiéndose recibido al cierre del plazo ciento once (111) respuestas en una cuenta de correo específica, donde quedaron almacenados para preservar la trazabilidad de los datos y del proceso de análisis. Tras una validación formal de las respuestas, la muestra final quedó reducida a ciento tres (103) respuestas.
Los principales resultados fueron los siguientes:
Para los Niveles Directivos se percibe una marcada prioridad en la formación en “Introducción al e-Gobierno”, en “Gestión del cambio administrativo organizacional con e-Gobierno” y en “Normativa vinculada al e-Gobierno“. Para los del ámbito nacional, se adiciona la “Formación de Postgrado”. Para el ámbito provincial o estadal y municipal, la “Administración de Proyectos de e-Gobierno“. Para los del ámbito municipal, se añade la temática de la “Gestión e interfaz de información y servicios”.
Para los Jefes de Departamento las prioridades son “Introducción al e-Gobierno”, “Aplicaciones de e-Gobierno” y “Normativa vinculada al e-Gobierno“. La “Evaluación de Proyectos de e-Gobierno” exhibe una posición relevante en la formación de los jefes departamentales del ámbito nacional; la “Administración de Proyectos de e-Gobierno” presenta una posición destacada en la formación de los jefes departamentales del ámbito provincial o estadal; mientras que la “Gestión del cambio administrativo organizacional con e-Gobierno” se destaca entre los del ámbito municipal.
Enfocando el análisis desde las categorías de contenidos propuestas para la expresión de las prioridades formativas, se observa un neto predominio de la temática de “Introducción al e-Gobierno” en todos los niveles y jurisdicciones. Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, con la “Normativa vinculada al e-Gobierno”. Por su parte, la temática de la “Gestión del cambio administrativo organizacional con e-Gobierno” resulta importante para todos los niveles del ámbito nacional.
Los temas de “Gestión e interfaz de información y servicios” y “Aplicaciones de e-Gobierno” sólo aparecen como significativos en los niveles directivos y de jefaturas departamentales del ámbito municipal.
Se percibe que el conocimiento de “Administración de Proyectos de e-Gobierno” es relevante para los jefes de departamento de todas las jurisdicciones. Dentro de los niveles directivos, la relevancia de esta temática aumenta a medida que se desplaza el foco desde el nivel nacional hacia el municipal.
La “Formación de Postgrado” es percibida como importante sólo para los funcionarios del ámbito nacional, principalmente entre los niveles directivos.
2.2.- Resultados de las entrevistas
Las entrevistas virtuales se realizaron por correo electrónico a treinta y cuatro (34) funcionarios y expertos de países de América Latina con perspectiva y experiencia en la formación en e-Gobierno, a través de preguntas disparadoras que permitieran a los entrevistados delinear sus propios marcos de referencia y expresar libremente sus juicios acerca de las necesidades de formación en e-Gobierno de la población de referencia indicada (integrantes de los niveles directivos y departamentales de dependencias de las administraciones nacional, estadal y local). La invitación a la entrevista se exhibe en Anexo.
De acuerdo con los marcos de referencia predominantes en las diversas respuestas, los resultados se encuadraron en tres categorías: a) Contexto del e-Gobierno, b) Gestión y uso del e-Gobierno, y c) Formación en e-Gobierno. A la vez, en función del enfoque adoptado, se agruparon en: a) valorativos, b) programáticos, y c) operativos. En esta presentación nos referiremos específicamente a los resultados calificados como valorativos para cada una de las referidas categorías, dada su significativa asociación con la problemática de la gobernabilidad.
a) Contexto del e-Gobierno
Los resultados valorativos referidos al contexto del e-Gobierno denotan la percepción, por parte de los entrevistados, de un conjunto de factores problemáticos que condicionarían la razón de ser y la efectividad de los programas de e-Gobierno, así como los posibles resultados e impactos de la formación en la materia.
Una parte significativa de los entrevistados manifestaron -de manera directa o indirecta- alguna inquietud por aparentes indicios de debilitamiento de principios y garantías constitucionales en varios países de la región, tales como la separación y equilibrio entre poderes, haciéndose referencia -en algunos casos- a democracias con sesgos “verticalistas” o “unicistas “.
Algunos entrevistados señalan también inquietudes respecto del principio de representación al percibir, en varios países de la región, el significativo peso exhibido por proselitismos solventados con recursos públicos, así como la aparente “cautividad” que implica el hecho de que vastos sectores de la población dependan de favores de gobernantes de turno. En ese marco, se señala que los partidos políticos tienden a actuar como ejecutores de precarias prácticas proselitistas, sin ofrecer espacios de formación, desarrollo de dirigentes, debate y reflexión, ni generar propuestas innovadoras.
Varios testimonios permiten entrever la percepción de que la dirigencia “enclavada” en las instituciones fundamentales de gran parte de los países de la región, así como las respectivas burocracias, no estarían cumpliendo cabalmente con sus roles, no ejercerían un adecuado control interno ni recíproco, ni estarían respondiendo debidamente a las demandas y expectativas de las respectivas comunidades.
Hay quienes expresan que, en varios países de la región, no parecen percibirse nítidamente los beneficios de la democracia en términos de estado de derecho, probidad, equidad social, crecimiento, reducción de la pobreza, educación, salud, trabajo ni libertad de expresión.
Se señala asimismo que no parecen predominar en la región los casos de democracias deliberativas, sustentadas en el diálogo y la concertación, sino que las disidencias suelen dirimirse en términos de combate, procurando vencer al “enemigo”, o –en el mejor de los casos- en debates dirigidos a derrotar al “adversario”. En esos escenarios de “suma cero” o “suma negativa”, los eventuales acuerdos son comúnmente percibidos como tranzas o contubernios.
Una parte significativa de los entrevistados se refiere a un escenario de deterioro de la función pública, en el cual las prioridades de la gestión aparecen distantes de los intereses ciudadanos, así como de la idoneidad, la calidad y la efectividad del servicio. Se perciben notorios déficit en los cuadros de conducción, en cuyo desempeño se manifestarían, frecuentemente, sesgos de arbitrariedad, desconocimiento o improvisación, al priorizarse en ellos la “lealtad” en detrimento de la idoneidad. Se señala que los perjuicios emergentes de tal déficit resultarían agudizados por el debilitamiento del control entre y dentro de los poderes del Estado.
b) Gestión y uso del e-Gobierno
El desarrollo de proyectos de e-Gobierno se percibe como fuertemente condicionado por diversos factores como: a) culturas político institucionales frecuentemente adversas a superar concepciones del ”poder” que no resultan compatibles con valores y principios republicanos, b) carácter anquilosado de diversas estructuras, pautas organizativas y prácticas administrativas, c) conflicto entre marcos tecno-culturales divergentes (a los que denominamos, respectivamente, “político”, “burocrático” y “civista”) que conviven -de manera tensa e inestable- procurando imponer sus propios valores, objetivos, artefactos y propuestas, y d) asimetrías y disfunciones en las redes de actores institucionales y políticos.
En dicho marco, la mayor parte de los testimonios se refieren a factores que parecen inhibir la concreción del potencial de las TIC para operar como herramientas de transformación del Estado y sus procesos. Al respecto, se pone de manifiesto el déficit que implica la frecuente desvinculación entre las estrategias y programas de e-Gobierno respecto de la evolución de las respectivas sociedades, así como de los planes nacionales de desarrollo, los programas de reforma y modernización administrativa y los programas de Sociedad de la Información.
Se señala, por ejemplo, el hecho de que aun cuando la vertiginosa expansión de la telefonía celular, en los países de la región, implica un virtual “derrumbe” de mitos asociados a la “exclusión” y al “analfabetismo” digital, poco están haciendo hoy los gobiernos para aprovechar –en términos de servicio a la ciudadanía- ese auténtico capital social. Uno de los entrevistados, que se desempeña como experto en la sede central de un organismo internacional, señala su perplejidad ante la exigua oferta regional de servicios de e-Gobierno por telefonía celular.
Otros entrevistados perciben que, en materia de e-Gobierno- gran parte de los países latinoamericanos estarían haciendo cosas incorrectas y, además, de manera inadecuada. Por ejemplo, un entrevistado percibe como anacrónico mantener la fragmentación y superposición de trámites y continuar exhibiendo hoy “guías de trámites” para mostrar a la ciudadanía cómo transitar la “selva burocrática”, cuando lo correcto sería devastar la “selva” a través de procesos de paulatina integración (al menos ante la visión del ciudadano) de trámites, competencias y bases de datos.
Se percibe asimismo cierto anacronismo inercial que parece bloquear cualquier intento de cambio sustancial en las pautas de prestación de servicios. Un entrevistado señala que en las administraciones públicas de la mayor parte de los países de la región no parece existir aún conciencia acerca de la extensión y profundidad de los cambios requeridos, en el contenido y en las formas de pensar y gestionar, para hacer las cosas correctas y hacerlas bien. Tampoco parece existir, con excepción de casos aislados, una clara noción acerca de la voluntad política requerida para impulsar esos cambios, ni del tipo y perfil de liderazgo político-administrativo adecuado para plasmarlos.
Se visualiza también una notoria desorientación acerca de cómo formular los objetivos y los criterios de éxito del e-Gobierno. Por ejemplo, dado que la mayor parte de las actuales iniciativas de e-Gobierno se dirigen a facilitar la realización de trámites, sus parámetros de evaluación parecen centrarse en la cantidad de trámites ofrecidos en línea. Uno de los entrevistados señala que ello resulta netamente cuestionable, dado que: a) es frecuente que una parte significativa de esas ofertas en línea resulten meramente nominales o ficticias, b) una parte relevante de los trámites ofrecidos resultarían prescindibles si se integrara y aprovechara la información disponible en el Estado para proveer directamente las prestaciones a quienes corresponda, sin que éstos deban peticionarlas, c) es común que las ofertas en línea no estén asociadas a reingenierías estratégicas ni a rediseños para la mejora de procesos, procedimientos o prestaciones, sino a meros adaptaciones para introducir Internet como nuevo canal de tramitación adicional a los preexistentes (presencial, telefónico, correo).
En otro orden, se señalan evidencias de un uso exiguo de la mayor parte de las aplicaciones de e-Gobierno por parte de las respectivas comunidades, ya sea por: a) ignorancia acerca de su existencia, b) desconocimiento de sus posibles beneficios, c) escepticismo o desconfianza, d) dificultad en el acceso y en la utilización, e) trabas y escollos en los procedimientos, f) insuficiente promoción, y g) insuficiente interés en que sean usadas.
Paralelamente, se cuestiona el uso del indicador “número de usuarios” como meta en los proyectos de e-Gobierno, dado que una buena Administración debería minimizar –y no maximizar- la necesidad de contacto del ciudadano para realizar trámites o consultas. Se señala que, si bien en las fases iniciales del e-Gobierno, es conveniente legitimarlo ofreciendo la mayor cantidad posible de servicios y trámites, a medida que se avanza en la integración de procesos y la unificación de registros, debería procurarse minimizar la cantidad de trámites para los ciudadanos, de manera que puedan dedicar su tiempo a quehaceres más enriquecedores de la calidad de vida, o bien a participar más creativamente en cuestiones de interés público.
Se señala que ante la manifiesta desorientación en lo relativo a los objetivos políticos perseguidos con el e-Gobierno, las estrategias y directrices tenderían a replicar supuestas “buenas prácticas” exógenas, en perjuicio de la reflexión estratégica adecuada a las propias circunstancias locales.
Otro aspecto señalado en las respuestas es la dificultad para concretar el potencial del e-Gobierno como herramienta para integrar procesos y estructuras. Se expresa al respecto que tanto la interacción horizontal (dentro de una misma Administración) como la vertical (ente Administraciones de diferente nivel) aparecen comúnmente bloqueadas por factores tales como: a) la compartimentación de las estructuras, y b) la “apropiación” que suele producirse entre estructura, funciones, servicios y datos, que inhibe la posibilidad de interacción e integración. En lo relativo a la conexión entre distintos sistemas de información, las principales dificultades percibidas por los entrevistados radican en: a) el estado de las distintas bases de datos, b) el refuerzo mutuo entre fragmentación organizativa y diversidad tecnológica, c) la identificación entre las unidades administrativas, sus funciones, sus prestaciones y la información que manejan, d) la prioridad de las relaciones políticas y jerárquicas sobre la lógica de los servicios, los procesos y los flujos de información, y e) la dilución del liderazgo a través de las líneas jerárquicas.
Respecto del potencial de las TIC como herramienta de transformación de procesos y estructuras, se señala que lo primordial reside en los objetivos, las voluntades y los intereses de los actores, dado que las TIC exhiben amplia flexibilidad para adaptarse a intereses y estrategias notoriamente divergentes de políticos, burócratas y civistas. Se expresa asimismo que las TIC llegan a las Administraciones promovidas y “apadrinadas” por determinados actores (organismos de financiamiento, consultores, firmas proveedoras, etc.) con objetivos e intereses relativamente ajenos al sector público y a la ciudadanía.
Se percibe que la eventual vinculación entre los proyectos de e-Gobierno y una mejora de la gobernabilidad democrática resulta aún sumamente precaria, señalándose, por ejemplo, que el potencial asociado a las TIC para promover aspectos como transparencia administrativa y participación ciudadana, queda mayormente acotado a la realización de trámites (cartas compromiso, trazabilidad, control y seguimiento personalizado), con posibilidad de canalizar sugerencias o quejas de manera más directa y de responder a encuestas sobre satisfacción. Para la mayor parte de los entrevistados, el espacio destinado a la participación de los ciudadanos en los procesos políticos es prácticamente inexistente.
c) Formación en e-Gobierno
Respecto de las necesidades de formación en e-Gobierno en el sector público, varios entrevistados hacen referencia a una situación de partida caracterizada por un notorio desconocimiento y desorientación por parte de los cuadros de conducción, los directores y los jefes departamentales. Se señala que mientras algunos integrantes de los niveles directivos tienen cierto conocimiento del potencial del e-Gobierno y disponen de atribuciones para gestionar soluciones en la materia, sus prioridades y horizontes temporales están frecuentemente condicionados por los tiempos y las coyunturas electorales.
Con base en el cuestionamiento de ciertos paradigmas tradicionales acerca del e-Gobierno, varios entrevistados destacan que la efectividad del proyecto formativo de la RIF-GE estará determinada por las concepciones de e-Gobierno que sustenten la formación. Uno de los entrevistados señala, por ejemplo, que el proyecto formativo de la RIF-GE debería inducir una superación de la inercia imperante en materia de formación en e-Gobierno, proporcionando marcos y herramientas para una auténtica transformación e integración de procesos en la órbita estatal.
Varios entrevistados sugirieron también que la formación en e-Gobierno resultaría prácticamente inoperante, en términos de potencial transformador, si se limitara a los funcionarios y agentes públicos sin extenderse a los diversos actores de la sociedad civil. Se señala que es imprescindible formar a los distintos sectores de la sociedad (por ejemplo: organizaciones comunitarias, grupos de personas mayores, adultas, adolescentes, minorías) para que usen las prestaciones disponibles, reclamen por las que no funcionan y peticionen por las que necesitan y no están disponibles. Con esa base podrá reclamarse –sucesivamente- mejor información, mejores prestaciones, mejores procesos, mejor participación, mejores gobiernos y mejores democracias para una mejor calidad de vida ciudadana.
A través de distintas expresiones, cabe inferir la apreciación, por parte de la mayor parte de los entrevistados, de que el éxito de los programas de e-Gobierno en los países de América Latina depende mucho más de las comunidades que de los funcionarios. Se señalan al respecto los siguientes factores que vulneran la capacidad de los agentes del sector público para generar, desarrollar y sustentar –dentro de sus funciones- auténticas soluciones de e-Gobierno: a) la dificultad para plasmar visiones compartidas e integrar estrategias multisectoriales, b) la propensión a sucesivas crisis, con drásticos cambios de funcionarios y de reglas de juego, c) la dificultad para mantener políticas y planes a través del tiempo, d) la habitual supeditación de la racionalidad programática a efímeros favoritismos y preferencias asociados a vaivenes político-institucionales, e) la rigidez de las estructuras y los recelos de las líneas de mando, que inhiben o bloquean eventuales iniciativas de compartir o ceder atribuciones sobre servicios, procesos o recursos informativos, f) el condicionamiento de la gestión sectorial (por ejemplo: educación, salud, seguridad social) a través de concepciones, procesos y prácticas desfasados o disociados de las posibilidades informativas e interactivas de las TIC, y g) los problemas de compatibilidad e interoperabilidad de hardware, software y bases de datos.
Se señala que la formación de los integrantes de las comunidades debería incluir contenidos relativos a las aplicaciones vigentes de e-Gobierno, pero esencialmente contenidos dirigidos a comprender los valores y el funcionamiento de una auténtica ciudadanía en democracia, de la participación ciudadana y de la transparencia por vía digital. También se percibe como prioritario enseñar que la relación entre las tecnologías y los contextos organizativo-culturales de implementación es siempre bidireccional y más compleja de lo que sugieren las nociones de “resultado” e “impacto”.
3.- Apuntes finales
Los hallazgos resultantes de la encuesta y de los testimonios reseñados en la sección anterior permiten delinear los siguientes apuntes finales con relación a las prioridades de formación en e-Gobierno:
a.- La formación introductoria con cobertura genérica en e-Gobierno se percibe nítidamente como prioridad central para los distintos niveles y jurisdicciones indagados. La segunda prioridad común –aunque en un grado notoriamente inferior- es la difusión de la normativa vinculada al e-Gobierno Las demás temáticas percibidas como prioritarias, tales como gestión del cambio administrativo organizacional con e-Gobierno, administración de proyectos de e-Gobierno, aplicaciones de e-Gobierno o gestión e interfaz de información y servicios, se asocian en mayor medida a determinados niveles y jurisdicciones
b.- Se percibe que la razón de ser del e-Gobierno, así como de la formación en la materia, resultan condicionadas por un conjunto de factores contextuales, con particular incidencia de los político institucionales, administrativo-organizacionales y culturales. Ello implicaría una baja valoración de las ofertas de información y servicios de Administraciones con rasgos autoritarios, despóticos u opacos.
c.- La indagación testimonial de necesidades de formación en e-Gobierno conduce a una reflexión acerca del potencial de las herramientas para contribuir a la inducción de valores democráticos y republicanos, así como a transformar prácticas y pautas culturales distantes de los mismos.
d.- Las vías para dicha transformación no parecen residir en las estrategias y planes oficiales de e-Gobierno, dado que éstos responderán seguramente a los “programas” que determinan la inercia.
e.- Es necesario involucrar y formar en e-Gobierno a actores de diversos segmentos sociales para que: i) accedan y usen las aplicaciones disponibles, ii) obtengan los beneficios, experimenten las limitaciones y padezcan las carencias de dichas aplicaciones, y iii) reclamen sistemáticamente mejoras en las prestaciones y en los procesos para proveerlas. Ese ciclo de auténtico “civismo digital” parece ser una vía idónea para superar vicios (como el “divismo” y el “cinismo” digital) emergentes de la actual disociación entre oferentes y supuestos usuarios del e-Gobierno.
e.- Si el e-Gobierno permanece divorciado de los grandes sectores de la población, no contribuirá a transformar las pautas vinculares internas y externas de las Administraciones, sino que, por el contrario, continuará amoldándose -a través de los vicios ya referidos- a la entrópica y distópica trayectoria de las mismas.
Referencias
(*) Coordinador Académico del Proyecto Piloto de la Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF-GE).
La Lic. Mariana Stechina (Argentina) colaboró en el procesamiento de las encuestas y entrevistas de relevamiento de necesidades de formación.
(1) Notas anteriores: “Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF-GE): indagar para compartir”, 19/03/2007.; “Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico: objetivos y fundamentos”,10/02/2007.
Fuente: http://gobiernoelectronico.org/node/5574
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene entre sus finalidades la promoción del empleo con igualdad de oportunidades, fomentando especialmente el desarrollo de la micro y pequeña empresa como base del desarrollo económico del país.Por ello, se crea en mayo del 2002, el VICEMINISTERIO de Promoción del Empleo y de la Micro y Pequeña Empresa y, en julio, la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa por Resolución Ministerial 173-2002-TR.
La Red de Información Tecnológica Latinoamericana (Ritla) realizó una investigación donde relaciona la situación de los estados brasileños con el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.Por Marcelo García, AméricaEconomía.com
Mediante amplía mayoría, fue aprobado este 10 de julio en la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo impulsado por el Diputado RN, 
Blog de Carlos E. Pérez Quezada 
Comentarios recientes